Raúl Villarín Vinent

“Un mal endémico por parte del empresariado, ha sido pretender buscar soluciones cuando la situación está ya muy deteriorada”  

¿Siempre quiso dedicarse al Derecho?  

En los últimos cursos del antiguo BUP ahora Bachiller las carreras que más me atraían eran de la rama de ciencias sociales, pero en COU estuve dudando entre Economía y Derecho, que hizo me decantase finalmente, por la rama del Derecho.  

¿Cómo y por qué decidió especializarse en Derecho de la Insolvencia?  

Tras un momento inicial de mi carrera profesional de 2 años con una dedicación más generalista, siempre me he dedicado al mundo de la insolvencia y la litigación civil decantándome mucho más la primera. El derecho de la insolvencia, me atrae tanto en el plano teórico como en su aplicación práctica.  ¿Cómo definiría su día a día profesional en una línea?  

Intenso y con cierta dosis de incertidumbre por los continuos retos que te encuentras, interviniendo tanto en procesos concursales como preconcursales. Un veterano economista concursalista con el que coincidí en mis inicios a menudo me decía “que la realidad supera siempre a la ficción”. Cuantas veces me he acordado y me sigo acordando de dicha frase en sucesos que, para mí, al menos en dicho momento, eran muy sorprendentes y siguen siéndolos.  

En el actual contexto económico, ¿cómo valora la actual situación del derecho de insolvencia en nuestro país? ¿Cree que se encuentra bien valorado por el tejido empresarial?  

El derecho de insolvencia actual creo que debe recibir una valoración positiva, sin perjuicio de que haya muchos aspectos que se puedan mejorar.  

Si echamos la vista atrás y vemos cómo era la legislación hace 21 años, el avance ha sido brutal. La antigua legislación de quiebras y suspensión de pagos era la que era, y su aplicación práctica dejaba en muchísimas ocasiones, mucho pero mucho que desear.   

La aprobación de la Ley Concursal en 2003 supuso un antes y un después con lo que había. Ciertamente, esta ley fue reformada y parcheada en múltiples ocasiones, adaptando la ley a las crisis económicas y creando mecanismos preconcursales, siguiendo la estela de países de nuestro entorno. Esta ley y sus reformas desembocan en el Texto  

Refundido de 2020 y, con la gran reforma operada por la ley 16/2022, llegamos a la situación actual.  

Creo que tenemos una norma moderna y bastante apta para solucionar o manejar crisis empresariales. Por supuesto, es susceptible de mejora.   

La valoración de la normativa por el tejido empresarial puede que tenga un componente negativo, que no siempre se corresponde con la realidad, y parte de la culpa podemos tenerla los operadores jurídicos que, quizás, no hemos transmitido de manera eficaz el funcionamiento de la ley y, especialmente, la necesidad de anticipación a la hora de manejar crisis empresariales.  

En un contexto de inflación y aumento de los costes, ¿cómo se encaja la actual figura de los planes de reestructuración?  

Los planes de reestructuración constituyen un mecanismo preconcursal que puede servir para que una empresa en dificultades, sean por las que causas que indicas sean por otras distintas, pueda superarlas o capearlas, sin necesidad de acabar en un concurso que, salvo excepciones, supondrá su fin.  

Es cierto que los planes de reestructuración están pensados para las grandes y medianas empresas, pero cada vez se están animando más las pequeñas empresas. Otra cosa son las microempresas que tienen su procedimiento específico, pero ahí es muy difícil que puedan salir a flote.  

¿Se ha producido un aumento de procedimientos concursarles tras la entrada en vigor de la Reforma Concursal de septiembre del 2022?  

Sí, pero no solo por la reforma legal. Hay que recordar que el 30 de junio de 2022 finalizó la moratoria concursal y con ello vino de nuevo a ser exigible el deber de solicitar el concurso para aquellos deudores en situación de insolvencia.  

Ahora bien, no podemos dejar de destacar que actualmente la mayoría de los procedimientos concursales son concursos sin masa y concursos de personas físicas, muchos de ellos también sin masa. Se echa de menos que haya más procedimientos concursales con venta de unidad productiva.  

¿Cuál es la necesidad más urgente a acometer en materia de Derecho de la Insolvencia?  

Ciertos ajustes que la práctica viene demandando en la normativa actual tanto en el ámbito de reestructuraciones (sustitución del experto, planes competidores, etc.) como en los procedimientos concursales (venta de UPAs, exoneración del pasivo, aunque quizá para esto último haya que esperar a los pronunciamientos del TJUE).  

Luego está el tema del procedimiento especial de microempresa, que no tengo claro si sus males vienen de su defectuosa regulación o de su deficiente implantación práctica, o de ambas causas que dan lugar a la tormenta perfecta. Es un tema que merece un capítulo aparte, dada la trascendencia que tienen este tipo de empresa en nuestro tejido empresarial.  

¿Existe algún perfil de empresa que acuda en mayor medida a los planes de reestructuración?  

Sobre todo, el tamaño. Los antiguos acuerdos de refinanciación tenían como principales protagonistas a empresas de cierto tamaño y envergadura, y así sigue siendo con los actuales planes de reestructuración. Ahora bien, esta figura está ampliando su público objetivo, encontrando cada vez más medianas y pequeñas empresas que utilizan o la intentan utilizar.  

¿Qué aspecto es fundamental de cara a iniciar una reestructuración preconcursal? ¿Y respecto a un procedimiento concursal?  

El aspecto primordial para una reestructuración es iniciarla a tiempo. Adoptar medidas desde que se detectan problemas y no esperar a que la situación esté tan deteriorada que sea imposible de salvar, de forma que el único camino que le quede a la empresa sea el concurso o una reestructuración que, en realidad, no sea tal sino una mera patada para adelante.    

¿Alguna recomendación para las empresas en dificultades?  

Está muy ligado a la respuesta anterior. La clave es la anticipación y adoptar medidas desde el momento inicial en que surgen las dificultades. Esto es algo que en nuestro país cuesta mucho entender. Un mal endémico por parte del empresariado, ha sido pretender buscar soluciones cuando la situación está ya muy deteriorada.  

¿Cómo y cuándo comenzó su relación con el CEDI?  

Mi relación surgió con un intercambio de correos con el presidente Alejandro Rey en febrero de 2022.  

¿Qué le aporta a nivel profesional formar parte del CEDI?  

Un aspecto para mi muy importante del CEDI es que, siendo una asociación de profesionales relacionados con la insolvencia, no están definidos por su pertenencia a una concreta profesión ni a un género para lo que ya hay otras asociaciones, sino que hay perfiles muy variopintos (abogados, economistas, banca, administradores concursales, acreedores públicos, profesores, etc.).   

Esto para mí es un elemento muy valioso, que le dota de mucho valor (tanto en las propias iniciativas, jornadas o eventos que organiza como en las relaciones de sus miembros entre sí) y espero que no se pierda nunca.   

¿Qué espera del CEDI?  

Que continue siendo un lugar de encuentro de profesionales relacionados con el derecho de la insolvencia, en el que nos encontremos cómodos los distintos compañeros que lo formamos muchos de ellos amigos.  

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